GRUPO SUR
La Jornada Semanal
PEMEX es la empresa más rentable de México. Los ingresos derivados del petróleo representan alrededor del cincuenta por ciento del presupuesto federal. Se trata de una gigantesca fuente de riquezas que siempre ha despertado el apetito de intereses privados de dentro y de fuera. La expropiación de la industria petrolera decidida por Lázaro Cárdenas buscaba convertirla en un puntal del desarrollo del país. La riqueza petrolera bien empleada es una palanca para nuestro futuro y factor de nuestra independencia.
Si se privatizara PEMEX, ¿a dónde irían estas cuantiosas ganancias? ¿De qué otra fuente obtendría el gobierno mexicano los formidables ingresos fiscales que dejaría de percibir? En verdad, la planeada "reforma" de PEMEX significaría la transferencia de fabulosas riquezas a manos privadas, principalmente extranjeras. Son incalculables los daños que se producirían al país. Debe decirse sin tapujos que quienes impulsan el despojo de la principal riqueza de México, conspiran contra la nación.
LA HISTORIA RECIENTE
Durante el sexenio de Miguel de la Madrid se optó por la venta de petróleo crudo en lugar de construir refinerías para elaborar nuestras gasolinas, mientras se desalentaron las ramas de la petroquímica, que permiten mayores ingresos y menor dependencia. Los sucesivos gobiernos priístas siguieron los dictados del Banco Mundial y de Estados Unidos: sabotear el desarrollo de pemex para ponerlo en punto de venta.
Lo lograron en parte al imponerle exacciones fiscales que ninguna empresa del mundo puede soportar, mientras se consiente al sector privado con una baja carga tributaria. Es por ello que en apariencia la empresa pública no gana y está en "crisis". Saqueando a PEMEX vía impuestos, escondieron su incapacidad para lograr una economía sana con un crecimiento sostenido. Correspondía a sus intereses seguir sangrando a PEMEX, en lugar de implementar medidas juiciosas y a favor de la nación. Asimismo, parte del guión para extenuar el sector energético fue el desmantelamiento de centros de investigación y desarrollo, como los institutos Mexicano del Petróleo, de Investigaciones Eléctricas y de Investigaciones Nucleares.
Con los gobiernos panistas esta vía llegó a su clímax. Vicente Fox y su pequeño grupo derrocharon los recursos adicionales que ingresaron al país gracias al alza internacional del precio del petróleo. Esos fondos no se utilizaron para fortalecer el sector productivo –incluyendo el campo y la propia industria petrolera–; se fueron al gasto corriente y a algunos bolsillos.
¿POR QUÉ LES URGE PRIVATIZAR PEMEX?
Este manejo ineficiente y sesgado de sucesivos gobiernos, tiene hoy a la economía del país en grave trance. Por un lado, hay una fuerte deuda interna que proviene de los Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto, PIDIREGAS; por otro, es un hecho que la crisis económica de Estados Unidos tendrá un fuerte impacto, pues habrá menos compras de nuestros productos, menos empleos para nuestros paisanos allá y menos remesas de éstos, que son nuestra segunda fuente de divisas.
Ante esta perspectiva, a la pequeña oligarquía dominante, al PAN y a sus aliados en el PRI, les urge privatizar a PEMEX, alegando que está en crisis. Según creen, llegaría dinero "fresco" que, una vez más, taparía sus ineficiencias y atenuaría la profundidad de los problemas. Y hasta sueñan que con ello podrían lograr en 2009 una votación que les permita acabar de saquear al país con leyes a modo dictadas en las Cámaras.
Pero lo que está en crisis no es PEMEX, sino el modelo socioeconómico que este grupo representa. Lo que quieren no es evitar una crisis al país, sino salvar el esquema económico y político que han impuesto, e incluso robustecer el régimen elitista mediante una nueva orgía de concesiones, negocios turbios y enriquecimiento fácil, mientras las mayorías se siguen empobreciendo.
Es evidente que el proceso de privatización impuesto desde hace veinticinco años no es el modelo a seguir. Carlos Salinas de Gortari reprivatizó la banca y vendió Telmex, lo que trajo grandes flujos de capital (1991-1993); aun así, se dio la crisis a fines de 1994 y no hemos salido del estancamiento. El proceso de privatizaciones ha continuado en la industria del acero, la aviación, la minería, la infraestructura, incluyendo la participación creciente de la inversión privada en la CFE y PEMEX desde 1997 hasta la fecha (en 2007, del total de la inversión realizada en pemex, el noventa y cinco por ciento fue privada). A pesar de ello, la economía y con ella la sociedad, van de mal en peor. Lo que se requiere es el cambio del modelo y la sustitución de ese grupo en el poder, que se ha caracterizado por su incompetencia, corrupción y carencia absoluta de sensibilidad social.
Estados Unidos y las grandes corporaciones son parte del festín que se prepara. A éstos les interesa intervenir directamente en la industria petrolera mexicana y ser rectores en el negocio. Los grandes yacimientos de petróleo fácilmente extraíble de Estados Unidos y de Arabia Saudita han llegado a su punto de declive. Apoderarse de los más importantes yacimientos es parte de su estrategia de dominio global. Estamos en grave peligro como país. Una vez que sus empresas se asentaran aquí, nada los detendría; pronto verían la manera de tener control, incluso militar, sobre nuestros yacimientos, plantas y gaseoductos.
Estimulados por el olor a negocios, desde el poder se ha comenzado a seducir o sobornar a funcionarios, legisladores, medios de comunicación y comunicadores para que se difundan mentiras o verdades a medias que impidan a la población tomar decisiones informadas. Falsedades como la carencia de recursos y de tecnologías propios para impulsar a PEMEX, campean cínicamente. Privatización y corrupción están indisolublemente hermanadas.
Algunas acciones de resistencia civil pacífica del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo
Los mexicanos no nos dejaremos engañar con galimatías para encubrir la privatización. Con la pretensión de ocultar su verdadero propósito, los traidores a la patria juran que no quieren privatizar PEMEX, sino tan sólo "reformarlo", "democratizarlo", "sanearlo", "modernizarlo" o promover "asociaciones" y "alianzas". Estos términos no son más que parte del nuevo Diccionario de Sinónimos Privatizadores. El fondo del asunto es que se permita a manos privadas aprovecharse de un re curso vital que es y debe seguir siendo público. Llámese como se llame, eso es privatizar nuestra empresa estratégica.
¿QUÉ OCURRIRÍA SI SE PERMITE LA ABIERTA PARTICIPACIÓN DE CAPITAL PRIVADO EN PEMEX?
Los que adquieran acciones de pemex u otras concesiones "legales", empresarios en busca de máximos rendimientos, muy pronto elevarían aún más los precios de los combustibles, presionarían al gobierno para que los impuestos con que hoy se sangra a PEMEX no se aplicaran a ellos. Finalmente las ganancias volarían lejos de aquí, como ya ocurre. Como consecuencia, se reduciría aún más el presupuesto para la educación pública, el sistema de salud, el campo, la cultura; habría mayor deterioro y pobreza. Los impuestos que no ingresen vía PEMEX tendrían que salir de nuestros bolsillos; hasta un sector de los empresarios se vería seriamente afectado. Tendríamos un gobierno aún más débil y sin capacidad para defender los intereses de la nación.
Vulnerando la Constitución, ya se han dado pasos privatizadores en el sector energético. Se trataría ahora de violentar por completo el orden constitucional desde reformas secundarias. La privatización, no hay que olvidarlo, se haría contra la Carta Magna. En el momento en que Estados Unidos implementa medidas de protección desde el gobierno, Dinamarca fortalece la presencia del Estado en sus empresas de hidrocarburos, y países como Holanda, Brasil y Argentina están dando marcha atrás en las privatizaciones, mientras Bolivia y Venezuela batallan contra la voracidad de las transnacionales petroleras, en México, a contracorriente, gobernantes obtusos y al servicio del gran capital, dan la espalda a la Constitución y se empeñan en privatizar lo que es de la nación.
UN GRAN PELIGRO PARA LA NACIÓN
Es un momento crucial. Con la privatización de PEMEX se cancelaría uno de los instrumentos fundamentales para proyectar nuestro futuro. Está en juego el porvenir de México como nación independiente y digna.
Vivimos uno de los momentos más graves de nuestra historia. Pero no nos cabe duda de que, con la Constitución en la mano, mexicanos y mexicanas de todas las edades, creencias y organizaciones, en todos los rincones del país, sabremos realizar una movilización nacional jamás vista para impedir este atropello, este descarado despojo. Levantaremos la meta combinada de impedir la participación privada en PEMEX e impulsar un cambio verdadero que logre desterrar el gran desorden económico, político, legal y social imperante. Que no se equivoquen los privatizadores. El destino de pemex no se decidirá en las sombras de los gabinetes o los despachos, sino en las calles.
GRUPO SUR
Guillermo Almeyra, Cristina Barros, Armando Bartra, Marco Buenrostro, Elvira Concheiro, Héctor Díaz-Polanco, Javier Flores, Víctor Flores Olea, Gerardo de la Fuente, Rosa Elena Gaspar de Alba, Arturo Huerta, Epigmenio Ibarra, Massimo Modonesi, Lucio Oliver, Carlos Payán, Consuelo Sánchez, John Saxe-Fernández, Gabriel Vargas Lozano y Sergio Zermeño.
John Saxe-Fernández
http://jsaxef.blogspot.com
Petróleo: crisis constitucional
Como hace 20 años y bajo otro régimen de usurpación electoral, estamos sumidos en una crisis constitucional y de legitimidad de orden mayor. La ofensiva contra la normatividad de la Carta Magna vigente en materia petrolera, impulsada por Estados Unidos y un grupo de empresas contratistas –locales y extranjeras– por medio de una iniciativa energética con endoso formal de Felipe Calderón, fue enviada al Congreso el 10 de abril. Desde entonces Los Pinos actúa como sugirió el aparato publicitario y de espionaje estadunidense en México: una vez tomada la decisión de privatizar y entregar la renta petrolera, "todo se reduce a un juego de relaciones públicas".
Salinas profundizó la privatización de facto, mientras "aseguraba" al público mexicano que Pemex "no se privatizaba" y que "el petróleo seguiría siendo de los mexicanos".
En un análisis realizado para el Congreso estadunidense por la Comisión de Comercio Internacional (CCI), uno de los cabildos más poderosos, se decía que, "por razones de seguridad nacional, México no incluirá al petróleo en el TLC, aunque las autoridades mexicanas estudian ya mecanismos alternativos que, sin modificar la Constitución y conservando para Pemex el control nominal sobre el hidrocarburo, permitan la participación extranjera en ese sector, por medio de empresas conjuntas, arrendamientos, contratos para la exploración y subcontratación de diferentes servicios" (La compra-venta de México, 2002, p. 314). Según la CCI, "... se afirmaría el interés nacional de EU", ya que "Pemex es candidato a la liberación en el futuro y la paraestatal será reorganizada en varias divisiones, lo que parece ser el primer paso para abrir el camino a la inversión foránea". Como hacen Felipe Calderón y Reyes Heroles hijo, los encargados de entonces siguieron el guión de la Casa Blanca y las petroleras.
Ni la vigencia del estado de derecho o las trabas constitucionales a la participación extranjera en Pemex preocupan a la CCI, cuyo análisis confidencial celebraba que "el actual régimen mexicano ha dado muestras de desapego al ordenamiento constitucional por su inclinación de aplicar mecanismos que le den la vuelta a la Constitución". Luego, con maña, agregó: "… la actitud del gobierno tiene más que ver con la seguridad nacional que con una auténtica reverencia por la Constitución, por lo que no se considera que nuevas reformas serán gran problema". Pero esa "seguridad nacional" mencionada por la CCI es la de Estados Unidos, no la de México. Como percibió Michael Wilson, de la Fundación Heritage, para Salinas "la seguridad mexicana es parte de la seguridad nacional de Estados Unidos". También para Calderón, cuyo polkismo lo corroboró al inicio del sexenio Tony Garza, embajador de Estados Unidos.
En la versión polka, México sería un "apéndice" de la potencia norteña. Más grave: esto ocurre en un contexto de anexionismo sui generis ("integración profunda") y de unilateralidad policial-militar (ASPAN-Iniciativa Mérida) que pone en grave riesgo la noción misma de México como Estado-nación soberano e independiente y, por tanto, la seguridad nacional. Pero las fuerzas armadas de México sólo operan con legitimidad bajo el supuesto de que "la seguridad mexicana" está subsumida en la "soberanía" formalizada en la Constitución vigente. En sentido estricto quienes desde el Ejecutivo o Legislativo auspician la entrega de la renta petrolera por medio de modificaciones a las leyes que regulan el artículo 27 son "transgresores constitucionales" carentes de legitimidad para el ejercicio de la administración pública y el uso de los instrumentos policial-militares en la jurisdicción territorial federal y donde están localizados los recursos naturales codiciados por Washington.
La traición se consuma, como advirtió el general Lázaro Cárdenas, con "engendros que inconstitucionalmente vuelven a reconocer a favor de titulares extranjeros, derechos y prerrogativas que les son explícitamente negados por la Constitución".
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