" Nos arrojaron hasta granadas, aseguran padres "
Carlos Figueroa
Nuevo Laredo, Tamps., 6 de abril. Elementos del Ejército Mexicano dispararon y arrojaron granadas de fragmentación contra una camioneta en la que viajaban dos familias rumbo a la playa de Matamoros, después de pasar un retén en la carretera Ribereña. El saldo fue de dos niños muertos y dos adultos heridos.
Los padres de Martín y Bryan Almanza Salazar, de 9 y 5 años de edad, respectivamente, presentaron una denuncia contra los militares ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y exigieron castigo para los soldados culpables.
En la agresión resultaron lesionados Martín Almanza Rodríguez, de 30 años de edad –padre de los pequeños–, y Carlos Alfredo Rangel, de 22 años, tío de las víctimas. Ambos se encuentran internados en la clínica de especialidades de esta localidad fronteriza.
Martín y Bryan viajaban en compañía de sus padres, el ya mencionado Martín Almanza Rodríguez y Cintia Salazar Castillo, de 28 años de edad, además de sus hermanas Lucero Michel, de 10 años; Jennifer, de 8, y Yesenia de 3.
En la camioneta también iba el matrimonio formado por Carlos Alfredo Rangel y Vanessa Viridiana Velázquez Carmona, con sus dos hijos: uno de tres meses, identificado como Jesús Alfredo Rangel Velázquez.
Según la denuncia de los afectados, la madrugada del domingo los siete niños y los cuatro adultos viajaban en una camioneta tipo Tahoe, conducida por Carlos Alfredo Rangel, quien al pasar por el retén militar observó a los soldados que se encontraban a un costado de la carretera. Rangel disminuyó la velocidad, pero no recibió ninguna indicación para detenerse.
Después de pasar el retén, los soldados comenzaron a disparar de forma indiscriminada contra la unidad; incluso, los adultos aseguraron que les arrojaron varias granadas de fragmentación.
Narraron que vivieron momentos de terror y confusión en los que descendieron de la camioneta y trataron de correr al monte. Martín Almanza cargó a sus hijos Bryan y Michel, pero en ese momento sintió el rozón de una bala. Su hijo Bryan estaba cubierto de sangre. Murió en sus brazos. Pese a que los civiles gritaban a los soldados que no les dispararan porque había niños, los uniformados hicieron caso omiso e hirieron al otro pequeño, quien murió en el lugar.
Martín Almanza fue trasladado a la clínica de especialidades junto con Carlos Alfredo Rangel, quien al tratar de proteger a su bebé fue herido en las piernas. En el nosocomio, Carlos Alfredo relató:
“De repente nos empezaron a disparar; yo me quedé con mi esposa y mi bebé en la camioneta y ellos le tiraban a todo lo que se movía. Les gritábamos que traíamos familia y nos seguían tirando. Incluso cuando pasamos frente a ellos bajamos los vidrios de la camioneta para que vieran a los niños, pero no sé qué pasó.
“Al verme herido cortaron cartucho y me dijeron que me iban a matar; desde ese momento ya no supe nada… íbamos pura familia con siete niños. Mi esposa se bajó de la camioneta y corrió al monte con el bebé y le seguían disparando.”
Por su parte, Martín Almanza pidió a las autoridades que intervengan, pues
no puede estar ocurriendo este tipo de agresiones. Cuando pasamos el retén sacamos una toalla por la ventanilla para tratar de decirles que iban niños, pero no hicieron caso. Su esposa, Cintia Salazar, comentó:
Íbamos de viaje, me quitaron a dos de mis niños. ¿Quién me los va a regresar?, pues nadie. Les decía que no nos tiraran porque había niños, pero me ignoraron.
Explicó que otro grupo de militares llegaron a auxiliarlos
y hasta me ofrecieron una disculpa, pero con disculpas nadie me los va regresar; ellos iban a la escuela como cualquier niño.
La noche del lunes y madrugada de este martes, los restos de Martín y Bryan Almanza Salazar fueron velados en su vivienda de la colonia Los Colorines y después en una funeraria. Por la tarde fueron sepultados.
María Teresa Castillo, abuela de los pequeños, expresó:
Mis niños eran bien lindos, muy queridos por todos.
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Jesús Aranda y Emir Olivares
México enfrentará juicio en la CIDH por la violación de militares contra mujeres
Las audiencias se realizarán el 15 de abril, y 27 y 28 de mayo, afirman defensores y ONG
Representantes y defensores de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, al dar a conocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos enjuiciará al Estado mexicanoFoto Guillermo Sologuren
Emir Olivares Alonso
La Jornada
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) someterá a dos juicios al Estado mexicano por los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, violadas por militares del 41 batallón de infantería durante el primer trimestre de 2002.
Las audiencias se efectuarán los días 15 de abril, y 27 y 28 de mayo, respectivamente.
En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y Amnistía Internacional (AI) México aseguraron que existen elementos suficientes para que el tribunal internacional responsabilice a las autoridades mexicanas de falta de acceso a la justicia para ambas mujeres.
Señalaron que a partir de que la CIDH tomó el caso aumentaron las amenazas contra defensores de derechos humanos en Guerrero, a tal grado que el tribunal ha dictado medidas cautelares en favor de 107 personas (activistas y familiares) relacionadas con el caso, pero el gobierno no ha cumplido a cabalidad.
Ante la falta de acceso a la justicia en México, la Corte representa, para las víctimas, una oportunidad de ser oídas, valoradas y encontrar justicia, pues es la única instancia en América que puede obligar al Estado mexicano a restituir los derechos violadosde ambas mujeres.
Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de AI México, dijo que las agresiones ocurrieron en un contexto de militarización en Guerrero, en el que los delitos de los soldados permanecen sin castigo.
Los abusos cometidos por el Ejército no son aislados y la impunidad en estos casos es sistémica.
Subrayó que no se trata de denuncias sin fundamento. De los cinco casos que la CIDH analiza contra México (dos ya resueltos), cuatro son por abusos en Guerrero e igual número por delitos en que participaron militares.
Obitilia Eugenio Manuel, de la OPIM, quien ha sido amenazada por defender a las víctimas, confirmó que en la región se vive tensión y miedo ante posibles agresiones. Confió en que la Corte determine la responsabilidad del Estado mexicano en estos casos para que los responsables sean sancionados.
Inés Fernández fue violada el 22 de marzo de 2002, cuando varios militares ingresaron a su domicilio en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres. Aun cuando los cuatro hijos de la mujer estaban presentes, los soldados la amenazaron e interrogaron sobre cosas que ella no pudo responder, pues no habla español.
La agresión contra Valentina Rosendo se perpetró el 16 de febrero de 2002; tenía 17 años. La joven lavaba ropa en un río cercano a su casa, en Barranca Bejuco, Ayutla de los Libres, cuando dos soldados se acercaron para preguntarle sobre el paradero de varios hombres. Ella dijo que no los conocía y los militares la agredieron sexualmente.
Ambas mujeres presentaron denuncias, pero al no lograr justicia acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que emitió varias recomendaciones que no fueron acatadas por México, razón por la cual los casos llegaron a la Corte.
Vidulfo Rosales, del Centro Tlalchinollan, aseveró que las autoridades han perdido pruebas y no hallan a los responsables, aun cuando las víctimas identificaron a dos cabos y dos soldados rasos como los agresores.
Nueva reunión, el próximo lunes;
no queremos que se repitan estos hechos: Madero
Jóvenes asesinados, tema a discutir entre senadores y el gabinete de seguridad
Los legisladores demandarán que en la lucha contra el crimen no se exponga a la sociedad civil
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
La Jornada
Los integrantes del gabinete de seguridad nacional se reunirán por segunda vez con los coordinadores de todas las fuerzas políticas, en un encuentro en el que los legisladores pedirán explicaciones sobre los asesinatos de jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, Monterrey, Nuevo León, y las demás víctimas civiles que han fallecido tanto a manos del crimen organizado como enoperativos llevados a cabo por elementos militares.
No queremos que se repitan hechos lamentables como ésos, que no se justifican, aun cuando estemos combatiendo al mayor flagelo que padecemos, que es el narcotráfico, expuso el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el panista Gustavo Madero.
Reveló que demandarán a los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza; de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, que en la lucha contra el narcotráfico no se exponga a la sociedad civil ni se violen sus derechos humanos.
El senador Madero precisó que la reunión se llevará a cabo el próximo lunes a las cinco de la tarde y el tema central será el incremento de la violencia, las ejecuciones colectivas de jóvenes y las bajas civiles en los operativos para capturar a delincuentes, como ocurrió en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde fallecieron dos estudiantes que estaban en ese centro educativo.
El legislador agregó que van a plantear que se proteja a la ciudadanía en todo momento, además de mejorar la eficiencia del gobierno federal y los gobiernos locales en la persecución de las bandas criminales.
Otro de los temas que se pondrán sobre la mesa de discusión es el retiro paulatino del Ejército a sus cuarteles, ya que
debe fijarse una temporalidad y condiciones específicas para ello, la principal, detalló, fortalecer el nuevo modelo policiaco responsable de asumir de manera paulatina el papel que tienen los militares en la persecución de las bandas de narcotraficantes.
El también coordinador de los senadores de Acción Nacional rechazó que se trate de una condición insalvable para regresar al Ejército a sus cuarteles. “Es una visión integral, conjunta, para un empoderamiento de los cuerpos de seguridad pública”, explicó.
Habrá otros temas, entre ellos las leyes en materia de seguridad pública que el presidente Felipe Calderón Hinojosa hizo llegar al Senado, donde
el compromiso es dictaminar antes del 30 de abril.
Por separado, el presidente del Senado, el perredista Carlos Navarrete Ruiz, dijo que van a consensuar el temario que discutirán con el gabinete de seguridad nacional y para ello ya está en pláticas con los diferentes grupos parlamentarios.
A su vez, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Felipe González, del PAN, comentó que del anterior encuentro quedaron muchos pendientes, entre ellos el incremento de la violencia provocada por el narco. A su juicio, el capo Ismael El Mayo Zambada desafió al gobierno al sostener en una entrevista que la guerra (de las autoridades) está perdida,
lo cual es una apreciación equivocada.
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